lunes, 16 de enero de 2012

La estructura del Estado en democracia electrónica

Es previsible que un modelo de democracia electrónica o democracia directa, basada en Internet, provoque unos pocos pero notables cambios, respecto a los actuales modelos estatales.

Para entenderlos, podemos empezar por reconocer cómo se alteraría la típica visión del Estado dividido en tres poderes. En un sistema democrático real, solo cabe un único y originario poder: la voluntad del pueblo, con capacidad real para crear, modificar o descartar sus propias leyes, instituciones y procesos.

Los parlamentos, las asambleas nacionales y las cámaras de comunes, de senadores y diputados, o como se llamen, que originalmente se constituyeron “en representación del pueblo”, no tendrán más razón de ser ante ciudadanos que se representan a sí mismos. Radical o gradualmente, estos órganos desaparecerán. Si el cambio es gradual, puede empezar por la adopción de propuestas como la de Democracia 4.0 y continuar con el confinamiento de estos cuerpos antes legislativos a tareas más propias de órganos asesores: señalar en qué rubros se hace necesario legislar, proponer leyes y su ordenamiento. Nunca más tomar decisiones en nombre del pueblo.

Los que hoy se llaman Gobiernos nacionales y regionales no conservarán sus funciones de Gobierno. El Gobierno será ejercido por los ciudadanos, que decidirán cómo distribuir el erario público en diferentes procesos y proyectos. Sí se podrá conservar, en cambio, una Administración Ejecutiva, aunque mucho más pequeña que las actuales, encargada de coordinar el uso de los recursos, con absoluta transparencia y en atención a las decisiones de los ciudadanos.

También en el ámbito judicial prevemos la incorporación de la participación ciudadana, ascendiendo o removiendo jueces, según su desempeño. No obstante, juzgados y tribunales deberán seguir dirimiendo conflictos. Constituirse en tercero presuntamente neutral y garante de la ley, en caso de conflicto, es la función más íntimamente ligada al nacimiento del Estado moderno, y es una función que deberá mantener. Es eso, o asemejarse al retrato más deforme del anarquismo, aquel que lo equipara a una sociedad sin Derecho.

Los cuerpos del Estado que mayor crecimiento experimentarán con la democracia electrónica serán, sin duda, los encargados de los procesos electorales: desde el registro de los electores, pasando por la verificación de las condiciones necesarias para que las propuestas de los ciudadanos puedan ser votadas, hasta la garantía de la transparencia, seguridad y precisión de los procesos electrónicos de voto y escrutinio. Estos órganos deberán ofrecer los espacios para que los votantes aprueben o denieguen las propuestas de ley de sus conciudadanos, y ordenen las propuestas de inversión y de ejecución de obras públicas, según sus propias prioridades, en los ámbitos en los que se desenvuelvan: en sus distritos, municipios, en el país, etcétera.

Finalmente, en una democracia electrónica como la que proponemos desde este blog, también es previsible el crecimiento de los órganos auditores, que deberán medir el impacto de las leyes y las obras públicas que se hayan sometido a voto, según los indicadores acordados en el proceso de aprobación. Así, estos órganos, forzosamente independientes, organizarán y contrastarán información que le permita a la ciudadanía conocer si sus propias decisiones están provocando los resultados esperados, o no. Sus planes de auditoría podrán ser ordenados por los ciudadanos, que decidirán qué se debe investigar y en qué orden. Por ello, es previsible que se le brinde prioridad a la medición del impacto de las decisiones más reñidas. Los informes de estos organismos auditores, o contralores, permitirán de esta forma el ejercicio del voto responsable, en los términos que expusimos en nuestros posts sobre el Sistema Electoral Electrónico que proponemos.

Otros cambios son también previsibles en las instituciones señaladas, en su funcionamiento y organización interna, en los tipos y el volumen de demandas que deberán atender y en sus potestades. Los cambios que hemos señalado en este post apenas se refieren a la estructura macro del Estado.

Desde esta tribuna, creemos que una nueva gobernanza, ejercida por todos, y vigilada por todos, permitirá también una nueva gobernabilidad, más pacífica y duradera. Creemos que el cambio propuesto es justo, deseable y, por ser además posible, constituye una exigencia popular que no hará sino crecer, tras cada expresión de autoritarismo y corrupción por parte de los círculos políticos que, de forma ilegítima, hoy usurpan el poder de los pueblos.

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