Es previsible que un modelo de democracia electrónica o
democracia directa, basada en Internet, provoque unos pocos pero notables
cambios, respecto a los actuales modelos estatales.
Para entenderlos, podemos empezar por reconocer cómo se
alteraría la típica visión del Estado dividido en tres poderes. En un sistema
democrático real, solo cabe un único y originario poder: la voluntad del pueblo,
con capacidad real para crear, modificar o descartar sus propias leyes,
instituciones y procesos.
Los parlamentos, las asambleas nacionales y las cámaras de comunes, de senadores y diputados, o como se llamen, que originalmente se constituyeron “en
representación del pueblo”, no tendrán más razón de ser ante ciudadanos que se
representan a sí mismos. Radical o gradualmente, estos órganos desaparecerán.
Si el cambio es gradual, puede empezar por la adopción de propuestas como la de
Democracia 4.0 y continuar con el
confinamiento de estos cuerpos
antes
legislativos a tareas más propias de órganos asesores: señalar en qué
rubros se hace necesario legislar, proponer leyes y su ordenamiento. Nunca más
tomar decisiones en nombre del pueblo.
Los que hoy se llaman Gobiernos nacionales y regionales no
conservarán sus funciones de Gobierno. El Gobierno será ejercido por los
ciudadanos, que decidirán cómo distribuir el erario público en diferentes
procesos y proyectos. Sí se podrá conservar, en cambio, una Administración Ejecutiva,
aunque mucho más pequeña que las actuales, encargada de coordinar el uso de los
recursos, con absoluta transparencia y en atención a las decisiones de los
ciudadanos.
También en el ámbito judicial prevemos la incorporación de
la participación ciudadana, ascendiendo o removiendo jueces, según su
desempeño. No obstante, juzgados y tribunales deberán seguir dirimiendo
conflictos. Constituirse en tercero presuntamente neutral y garante de la ley,
en caso de conflicto, es la función más íntimamente ligada al nacimiento del
Estado moderno, y es una función que deberá mantener. Es eso, o asemejarse al
retrato más deforme del anarquismo, aquel que lo equipara a una sociedad sin
Derecho.
Los cuerpos del Estado que mayor crecimiento experimentarán
con la democracia electrónica serán, sin duda, los encargados de los procesos
electorales: desde el registro de los electores, pasando por la verificación de
las condiciones necesarias para que las propuestas de los ciudadanos puedan ser
votadas, hasta la garantía de la transparencia, seguridad y precisión de los procesos electrónicos de
voto y escrutinio. Estos órganos deberán ofrecer los espacios
para que los votantes aprueben o denieguen las propuestas de ley de sus
conciudadanos, y ordenen las propuestas de inversión y de ejecución de obras públicas, según sus propias prioridades, en los ámbitos en los que se desenvuelvan: en sus distritos, municipios,
en el país, etcétera.
Finalmente, en una democracia electrónica como la que
proponemos desde este blog, también es previsible el crecimiento de los órganos
auditores, que deberán medir el impacto de las leyes y las obras públicas que
se hayan sometido a voto, según los indicadores acordados en el proceso de aprobación.
Así, estos órganos, forzosamente independientes, organizarán y contrastarán
información que le permita a la ciudadanía conocer si sus propias decisiones
están provocando los resultados esperados, o no. Sus planes de auditoría podrán
ser ordenados por los ciudadanos, que decidirán qué se debe investigar y en qué
orden. Por ello, es previsible que se le brinde prioridad a la medición del
impacto de las decisiones más reñidas. Los informes de estos organismos
auditores, o contralores, permitirán de esta forma el ejercicio del voto
responsable, en los términos que expusimos en nuestros posts sobre
el Sistema Electoral Electrónico que proponemos.
Otros cambios son también previsibles en las instituciones señaladas, en su funcionamiento y organización interna, en los tipos y el volumen de demandas que deberán atender y en sus potestades. Los cambios que hemos señalado en este post apenas se refieren a la estructura macro del Estado.
Desde esta tribuna, creemos que una nueva gobernanza, ejercida por todos, y vigilada por todos, permitirá también una nueva gobernabilidad, más pacífica y duradera. Creemos que el
cambio propuesto es justo, deseable y, por ser además posible, constituye una
exigencia popular que no hará sino crecer, tras cada expresión de autoritarismo
y corrupción por parte de los círculos políticos que, de forma ilegítima, hoy
usurpan el poder de los pueblos.